Inhabilitaciones a conveniencia, derechos en mengua

Hay temas en los escenarios políticos, que, desde el punto de vista legal, comprometen a muchos actores que violentan la norma y no le paran pelotas a nadie, de hecho, derogaron el derecho a la defensa que debe tener todo ciudadano, norma de rango constitucional, violentada con resoluciones muy en boga: inhabilitaciones a conveniencia.

El régimen inhabilita sin abrir el procedimiento de rigor, notifica, a voces, cuando ya ha inhabilitado, sin derecho a la defensa, desgarro a esa garantía constitucional. Paradójico, más aún cuando en noviembre de este año destituyeron a casi una decena de jueces por decretar medidas cautelares sin notificar a la otra parte. Lo llamaron “saneamiento del poder judicial”.

Un ejemplo reciente. En Barinas se pasaron por el arco del triunfo los derechos de ciudadanos postulados por el pueblo como candidatos a la gobernación, de la noche a la mañana, sin argumento alguno, les violentaron su Estado de derecho, simplemente dijeron: “estás inhabilitado (a)”, no importó que tomaran parte en contiendas internas a fin de ser postulados.

Dos preguntas ingenuas. ¿Qué hizo el candidato del Partido Comunista para que lo inhabilitaran? ¿Cómo se entiende que una persona sin ningún impedimento para ser candidato lo inhabiliten sin darle derecho a la defensa? Ahí está el punto de derecho a dilucidar, y que, parafraseando al autor mexicano Dr. José Daniel Hidalgo Murrillo, implica tener derechos para una sociedad sin libertades, sociedad objeto de violencia institucional si actúa en orden a la exigibilidad de sus derechos y libertades.

Es un tema delicado. La Sala Electoral del TSJ está violentando el derecho a la defensa. Avalada por los demás tribunales, da lugar a circunstancias opacas, en caso de que hubiere un procedimiento, los afectados ni siquiera se enteran, nadie sabe que está inhabilitado. Recordemos, el principio constitucional tiene que estar por encima del principio de legalidad, pero la prevalencia de inhabilitaciones a conveniencia del régimen muestra lo contrario.

Razón tuvo el Fiscal de la CPI en iniciar la fase de investigación en el Caso Venezuela I, ante evidencias de violaciones a derechos del ciudadano como las aludidas. Las irregularidades que encontró la UE en las elecciones regionales son elocuentes al respecto, constató “la falta de independencia judicial, así como la no adherencia al Estado de Derecho”, que, referidas al ámbito electoral, pusieron en contexto “las inhabilitaciones de candidatos por vías administrativas y a la suspensión de miembros de los partidos más reconocidos”.

El llamado es a los decanos de las Facultades de Derecho, a los profesores, a los juristas, a los jueces decentes, que sí los hay, a no permitir que se violente el Estado de Derecho, el derecho a la defensa, que involucra el debido proceso. El abuso de derecho está en hacer nugatoria esa norma de rango constitucional, lo peor, quienes incurren en ello son funcionarios investidos de autoridad, todos designados irregularmente, quienes cometen esos excesos, esas violaciones, y la supra Sala Constitucional no dice nada.

Clodosvaldo Russián comenzó con esos abusos. Desde sus inicios, esas disposiciones del contralor chocaron con la Constitución. En julio de 2008 fue memorable la protesta de partidos de oposición y el movimiento estudiantil ante el TSJ por las inhabilitaciones políticas impuestas por él a 272 personas, que les impedían presentar sus candidaturas para las elecciones regionales de noviembre, a causa de supuestos casos de corrupción.

Acallaron la protesta y Russián consignó ante el CNE la lista de inhabilitados para que ese organismo impidiera su postulación a las elecciones del 23 de noviembre. Y en agosto de ese año, la Sala Constitucional avaló dichas inhabilitaciones, por supuesto, el fallo cerraba la posibilidad de que los inhabilitados se postularan. Un formato repetido 13 años después en Barinas, el mismo TSJ vuelve a socavar derechos con las inhabilitaciones.

Para inhabilitar a una persona deben notificarle que tiene un procedimiento abierto, él se tiene que defender, tiene que agotar toda la vía. Eso lo dice la norma, no lo digo yo. ¿Quién les resarce el daño a los inhabilitados de Barinas, ese derecho y esa oportunidad de postularse? Tendrían que esperar cuatro años, porque ni siquiera pueden defenderse, saben el por qué los inhabilitaron, pero desconocen los fundamentos, el procedimiento.

Esos hechos no deben sorprendernos. Esa misma Sala Electoral suspendió a tres diputados y en cinco años, esa sala que no tiene trabajo, fue incapaz de decidir sobre ese caso; estando proclamados y juramentados, ordenó la suspensión de la proclamación, pero nunca decidió respetar la voluntad del pueblo, expresada en la elección de esos tres diputados.

Lo mismo pasó ahorita, igual que en tiempos de Russián, no respetaron la opinión del pueblo, que eligió un gobernador y luego postuló candidatos, inhabilitados arteramente. A fin de cuentas, se ridiculizó un ejercicio de soberanía intransferible. En contraste, en 1998, Carlos Andrés Pérez, que estaba bajo arresto domiciliario, salió en libertad ese mismo año tras ser elegido senador y se suspendió la causa que se le seguía, en respeto a la voluntad del pueblo, del soberano.

El comienzo de este desastre en lo electoral, el catedrático Ángel Alberto Bellorín lo ubica en el año 2002, cuando “la reforma de la ley electoral […] abrió el camino a las diferentes modalidades de fraude electoral ya que con el beneplácito social y político del momento, se cambió el espíritu y hasta la letra del texto constitucional”, y se hizo de la representatividad una estafa, pues “se desvinculó al votante y al candidato con la región en las que residen”, lo cual explica que en Barinas haya candidatos sin arraigo ni vínculo territorial con esa región llanera, “impuestos en forma descarada”.

Aunque el panorama se torna sombrío, existen posturas optimistas. Según el comisario general Atahualpa Montes, “sin importar las trampas que sabemos harán los delincuentes que manejan el CNE y el plan militar que insulta al Libertador usando su apellido”, el 9E abre la posibilidad para “recuperar la dignidad y el derecho a ser libres que nos han arrebatado estos delincuentes disfrazados de políticos que tomaron al país por asalto”.