“Es aterradora e inmisericorde”: Lozano rechazó justificación de ministro de Trinidad y Tobago sobre asesinato de bebé venezolano

Olivia Lozano, diputada del legítimo Parlamento por Voluntad Popular, rechazó este martes las afirmaciones del primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, en las que justifica el asesinato del bebé venezolano Yaelvis Santoyo por parte de la guardia costera de ese país.

“Esto podría interpretarse como parte de la política de Estado de ese país contra nuestros indefensos compatriotas. La acción de Trinidad y Tobago es una clara violación al derecho internacional humanitario”, refirió la parlamentaria durante la sesión de la Comisión Delegada.

Sostuvo que es necesario darle estatus de refugiados a los venezolanos que se han visto obligados a emigrar, a fin de garantizar su acogida en los países receptores y el respeto a sus derechos humanos.

“El ahogamiento de la niña Victoria Lugo, arrancada de los brazos de su madre por las corrientes de Rio Grande y, recientemente, la muerte de Yaelvis Santoyo, asesinado por la guardia costera de Trinidad y Tobago, son dos eventos que dejan una vez más en evidencia el drama de la emigración ocasionada por Maduro,

a la que se suman las aterradoras afirmaciones inmisericordes y desconsideradas del primer ministro de Trinidad y Tobago, justificando el ataque a la humilde embarcación en la que viajaban el bebé y su madre”, expresó.

Lozano explicó que el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, a través de su cuerpo diplomático, está trabajando en exigir las explicaciones necesarias para “poder entender una acción tan despiadada y reprochable actitud” del primer ministro de Trinidad y Tobago.

“La verdad es que hoy tenemos que seguir el ejemplo de las políticas públicas de Colombia, Brasil, Costa Rica, tendentes a garantizar el respeto a los derechos humanos y la aserción asertiva de los venezolanos en la vida social y productiva de esos países”, indicó.

La legisladora por la tolda naranja expresó que resulta imperativo continuar con la presión por parte de los aliados para que en Venezuela se puedan llevar a cabo elecciones presidenciables justas y libres, que permitan regresar el Estado de Derecho en el país y el retorno seguro de los migrantes.