Gobierno interino acusa al régimen de usar vacunas para control social

El gobierno de Juan Guaidó acusó al régimen de Nicolás Maduro de usar las vacunas contra el covid-19 como una herramienta de control social, al requerir el carnet de la patria para poder ser inmunizado, pese a que el documento no lo posee toda la población, al no ser de tenencia obligatoria.

Por el momento, Venezuela no ha presentado un plan de vacunación ni se sabe el número de personas que ya han sido inoculadas, ni siquiera el número real de vacunas que llegaron al país, ya que los datos varían según el funcionario que aborde el tema.

El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Valero condenó la fórmula que usa el régimen por no conocerse su funcionamiento, «mientras la tasa de fallecimiento de médicos venezolanos sigue en aumento».

Médicos Unidos de Venezuela informó que, en la última semana, se registraron 17 nuevas muertes de trabajadores de la salud por el covid-19, con las que ya serían 566 los sanitarios fallecidos por esta causa.

«Venezuela sigue a la espera de un plan de vacunación serio, que cumpla con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

y garantice la inmunización de sectores en riesgo», dijo Valero a través de sus redes sociales.

Reiteró que «es una barbaridad que estén condicionando las vacunas al carnet de la patria o que las vendan en dólares», cuando la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, señaló recientemente que, en Venezuela, las vacunas «son totalmente gratuitas, mientras que en otros países los usuarios tienen que pagarlas», sin precisar a qué naciones se refiere ni dar pruebas de su afirmación.

Organizaciones nacionales e internacionales señalan que Venezuela se encuentra entre los últimos países de Latinoamérica en número de personas vacunadas, aunque los datos son inciertos, ya que el régimen no ha facilitado cifras de inoculados ni sectores que ya están inmunizados.

Tampoco existe certeza sobre el número de vacunas que llegaron al país, ya que los datos facilitados por los distintos funcionarios difieren considerablemente, al estar en una horquilla que abarca desde las 930.000 a 1.480.000.

PRENSA PRESIDENCIAL