Diputada Barboza alerta que extorsión policial a trabajadores agropecuarios engrosa el costo de los productos a consumidores

Desiree Baroboza, diputada de la legítima Asamblea Nacional por Voluntad Popular, alertó este martes que la extorsión que ejecutan policías y militares a los productores agropecuarios en las carreteras del país, no solo representa un delito, sino que encarece el costo de los productos a los consumidores.

“Estos sobornos terminan reflejándose en el precio de lo que paga el consumidor y, a pesar de las denuncias que durante años han hecho productores agropecuarios, la realidad no ha cambiado, sino que por el contrario se ha agudizado con el transcurrir de los años (…) Los carros particulares o de pasajeros, también son víctimas de estas prácticas. Todos los documentos pueden estar en regla y aun así utilizan su investidura policial para amedrentar a los ciudadanos y obligarlos a darle algo económico para dejarlos transitar”, afirmó la parlamentaria durante la sesión de la Comisión Delegada.

La diputada señaló que, según expertos en materia de seguridad, la extorsión por parte de los funcionarios militares y policiales del país se debe a los bajos salarios que perciben. “Aunque estamos conscientes que el sueldo que devengan por cumplir su función de proteger a los ciudadanos es insuficiente, esta no es una razón que obligue a todo el que transita por las carreteras del país a darle una colaboración porque el soborno es un delito

”.

Sostuvo que transitar por las carreteras del país se ha convertido en un “camino sin fin”, no solo por el mal estado de las vías, sino por la extorsión que ejecutan los funcionarios y ahora alcabalas improvisadas de civiles que solicitan dinero o comida. “En Machiques, estado Zulia, grupos de indígenas se colocan en diferentes tramos de la vía y obstaculizan el tránsito para obligar a los conductores a detenerse y a que les entreguen dinero o algún alimento para poder continuar y poder seguir. Toda esta situación ocurre en las cercanías de las alcabalas de los funcionarios militares y policiales y estos no hacen nada para proteger a los ciudadanos”.

Barboza apeló al artículo 50 de la Constitución para que se garantice el libre tránsito de los ciudadanos. “No estamos obligados a pagar ninguna extorsión a personas inescrupulosas. Es necesario que nuestros funcionarios se aboquen a proteger a los ciudadanos y a brindar seguridad como juraron hacerlo. Es importante poder restituir nuestro orden constitucional”.